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Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO) movilizó a las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador para proponer nueva legislación.

LA ESCENA —La sociedad civil en Ecuador tiene su origen en el trabajo de organizaciones voluntarias de beneficencia que ofrecían servicios a los más pobres y vulnerables a comienzos del siglo veinte. Hoy en día, Ecuador cuenta con un grupo activo y variado de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que incluye corporaciones, fundaciones, sindicatos, organizaciones profesionales, grupos de la iglesia, clubes deportivos y grupos de jóvenes. Sin embargo, el panorama político se vuelve cada vez más hostil hacia estos grupos.

En el año 2008, se emitió en Ecuador el Decreto Presidencial No. 982. Este decreto alteró las relaciones de poder existentes entre el Estado y las OSC, restringiendo los derechos de los ciudadanos a participar en los procesos de deliberación pública y limitando el derecho de defensa de las organizaciones. El artículo 13 establece que ahora una organización puede ser disuelta si “compromete la seguridad o intereses del Estado” y se aplicó en un caso para clausurar una organización ambientalista que se oponía a la minería. Poco a poco, las OSC ecuatorianas comenzaron a desarrollar una estrategia de resistencia contra el Decreto No. 982 y a coordinar sus acciones.

QUÉ HIZO GRUPO FARO —Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades (Grupo FARO) es una institución de políticas públicas independiente, no partidaria, que trabaja para asegurar la democracia, eficacia e igualdad en materia de políticas públicas. Grupo FARO contribuyó investigación importante sobre la nueva legislación a la vez que proveyó una plataforma para que las OSC iniciaran su acción.

Buscando contribuir a una más amplia discusión del Decreto No. 982, Grupo FARO solicitó a un equipo de abogados ecuatorianos y extranjeros que discutiera esta legislación. El documento producido por el equipo legal, titulado Aportes Ciudadanos, circuló entre las OSC, universidades y ministerios del gobierno. Su exhaustivo análisis y la solidez de sus conclusiones sirvieron para iniciar un diálogo con las autoridades, tendiente a mejorar la legislación. Como resultado de ello, el Ministerio para la Coordinación del Desarrollo Social emitió un acuerdo ministerial que citaba los derechos de las OSC en cuanto al debido proceso en caso de verse enfrentadas a una potencial disolución.

Para capitalizar esta nueva red, Grupo FARO jugó un papel fundamental en el establecimiento y consolidación de un colectivo de OCS que buscaban una respuesta a la amenaza planteada por el Decreto No. 982. Este colectivo trabajó unido en la redacción de un informe sobre rendición colectiva de cuentas, titulado Informe de Rendición de Cuentas, que daba visibilidad al importante trabajo de las organizaciones no gubernamentales ecuatorianas y comenzó a propiciar el diálogo con el Estado sobre la legislación. Grupo FARO asumió la responsabilidad de organizar reuniones entre estas OSC, así como de los seguimientos correspondientes a los acuerdos alcanzados en diferentes etapas del proceso. Esto contribuyó a fomentar un clima de confianza y unidad entre las diversas organizaciones, que fue decisivo para su posterior éxito en defensa de la nueva legislación. Este grupo se convirtió en interlocutor del diálogo con el Estado sobre el Decreto No. 982.

A fines del 2010, el Ministerio responsable de la regulación de las OSC propuso una reglamentación que no reflejaba lo discutido y limitaba aún más los derechos de libertad de asociación y participación de organizaciones e individuos. En respuesta a ello, el colectivo publicó un manifiesto en dos de los principales periódicos de Ecuador, exhortando a que la legislación fuera coherente tanto con la Constitución de Ecuador como con el diálogo entre Estado y OSC.

EL RESULTADO —Entre 2010 y 2012 se realizaron varias reuniones entre las OSC y el Gobierno de Ecuador. Con la intención de formalizar su trabajo, en enero de 2013 el colectivo de OSC se convirtió en la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta confederación reunió a organizaciones y redes que buscaban apoyar procesos de fortalecimiento organizacional y promover el diálogo con el Estado para mejorar las políticas públicas de Ecuador. Grupo FARO fue nombrado primer Presidente de la Confederación en reconocimiento a sus cuatro años de liderazgo, visión y perseverancia.

A través de reuniones con el Gobierno de Ecuador, la Confederación compartió sus propuestas para la nueva legislación. Algunas de estas propuestas se incluyeron en el Decreto Ejecutivo No. 16, emitido en junio de 2013, que exige al Estado establecer un fondo competitivo para financiar el trabajo de las OSC y crear programas de capacitación para fortalecer las capacidades de los miembros de estas organizaciones. El Decreto 16, desafortunadamente, sigue limitando en forma efectiva los derechos de participación. De hecho, en diciembre de 2013, aplicando el Decreto, el gobierno disolvió una OSC sin respetar el debido proceso.

Esta historia, entonces, nos deja dos mensajes: (1) uno explícito, acerca del rol de la evidencia y estrategias de comunicación en cuanto a incidencia en políticas públicas y (2) otro más sutil, relativo a transformar una crisis en una oportunidad; en este caso, la creación de un colectivo, que por muchas décadas había sido una aspiración de las OSC ecuatorianas. El desafío que queda por delante es el de continuar convirtiendo crisis en oportunidad para mejorar la reglamentación y contar con una Confederación fortalecida y cada vez más resiliente.

Por información adicional acerca del Grupo FARO visite www.grupofaro.org

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Date Established:
2004

Quito, Ecuador
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